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La justicia del siglo XXI no puede ser ciega


¿Puede un juez tomar una decisión adecuada sobre un delito contable sin la opinión de un auditor acreditado? ¿Se puede decidir sobre el funcionamiento de una instalación industrial compleja sin el dictamen de un ingeniero especializado? ¿Y juzgar un caso de daños de una víctima de accidente de tráfico sin el informe pericial de un médico? Las respuestas a estas preguntas se caen por su propio peso. Como consecuencia de la creciente complejidad de las intervenciones de los jueces, los peritos, tanto los designados por la Administración de Justicia como los contratados por las partes, se han convertido en una pieza cada vez más fundamental del engranaje judicial. Sin la asistencia especializada no es concebible que el sistema funcione de manera eficiente.

 
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