La justicia del siglo XXI no puede ser ciega

¿Puede un juez tomar una decisión adecuada sobre un delito contable sin la opinión de un auditor acreditado? ¿Se puede decidir sobre el funcionamiento de una instalación industrial compleja sin el dictamen de un ingeniero especializado? ¿Y juzgar un caso de daños de una víctima de accidente de tráfico sin el informe pericial de un médico? Las respuestas a estas preguntas se caen por su propio peso. Como consecuencia de la creciente complejidad de las intervenciones de los jueces, los peritos, tanto los designados por la Administración de Justicia como los contratados por las partes, se han convertido en una pieza cada vez más fundamental del engranaje judicial. Sin la asistencia especializada no es concebible que el sistema funcione de manera eficiente.

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Entrevista, «La Auditoría, de cerca»

14/04/2016

¿Hay mejores alternativas o vías más justas para regular la independencia del auditor? ¿Cómo se logra para que sea efectivo?

La independencia es el mayor activo del auditor. Sin ella, nuestro trabajo pierde su sentido. Para regularlas han establecido dos grandes sistemas en el derecho comparado: Regular a través de principios generales o hacerlo a través de reglas. En España, la regulación está basada en el modelo de reglas, lo que origina numerosa casuística y serios problemas de interpretación y de aplicación de la norma.

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«Cómo auditar la información no financiera»

Las nuevas normas de la Unión Europea sobre la divulgación de información no financiera por parte de las empresas, que empezarán a aplicarse ya en este ejercicio, asignan nuevas responsabilidades a las firmas de auditoría. La entrada en vigor de estas nuevas reglas está pendiente de la transposición de la Directiva 2014/95 a la legislación española, pero en la práctica ya podemos ir haciéndonos a la idea de que los auditores legales habremos de emitir un dictamen para comprobar que el informe de gestión de las grandes empresas incluye información sobre cuestiones medioambientales, sociales y laborales, entre otras variables no financieras que influyen en la actividad empresarial.

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NUEVO CAMBIO DE CRITERIO RESPECTO AL FONDO DE COMERCIO

«El Consejo de Ministros del pasado viernes 9 de diciembre aprobó la reforma del Plan General de Contabilidad para la adaptación a la Directiva contable de la Unión Europea.»

Una de las cuestiones más relevantes de la reforma es un nuevo cambio de criterio en relación a la amortización del fondo de comercio. Este es un asunto con innumerables argumentos a favor y en contra, tanto desde el punto de vista de racionalidad económica, como por puras razones de orden práctico.
Lo que ahora se aprueba es la vuelta a la amortización del fondo de comercio en un periodo máximo, en general, de 10 años; frente a la normativa imperante hasta la fecha en la que no se exigía amortización sistemática, pero si test anuales para verificar su posible deterioro.
Mi opinión sobre esta modificación, sin entrar en los argumentos que puedan defender una u otra postura, es que la contabilidad no es más que un conjunto de convenciones aceptadas para reflejar las operaciones económico-financieras, y, por tanto, a los principios contables hay que exigirles:

1. Estabilidad: no es admisible que, en función de la coyuntura, de cambios de opinión o de  cualquier   otra circunstancia, se modifiquen los criterios de valoración, dando bandazos de un extremo a otro.

2. Comparabilidad: probablemente el mayor éxito de las normas internacionales de información financiera es que puedan compararse estados contables de la mayoría de los países del mundo. En consecuencia, cambios de criterio que rompan esta comparabilidad no tienen razón de ser.

3. Seguridad jurídica: cualquier modificación de norma contable debe tener efectos a futuro y nunca retroactivos. En al caso del fondo de comercio, la reforma exige amortizar los existentes al 31.12.15, cuando en el momento en que se registraron la normativa no obligaba a su amortización.

23 Congreso Nacional de Auditoria

«El pasado día 27 de octubre tuvo lugar en Málaga el 23 Congreso Nacional de Auditoría».


En el marco de la XXIII edición del Congreso Nacional de Auditoría, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y la Asociación del Arco Mediterráneo de Auditores han analizado la situación actual del sector. Durante las jornadas, se habló de los retos a los que se enfrenta la profesión, especialmente con motivo de la reciente aprobación y próxima entrada en vigor de la nueva Directiva y Ley de Auditoría de Cuentas. El lema del Congreso “Auditoría: crecimiento, sostenibilidad y empleo” responde a la necesidad que los auditores tienen de explicar lo que el sector representa en favor de la sociedad. El objetivo del congreso ha sido repasar todas las cuestiones técnicas y en especial, dar a conocer a la sociedad en general el sector.

23 Congreso Nacional de Auditoría:

«Nuevas normas del juego para las auditoras»

«La Ley no ha satisfecho las expectativas de los profesionales»

La razón de esta decepción hay que encontrarla en que su gestación se realizó a espaldas del sector; sin considerar los procesos normativos que se estaban realizando en el resto de los estados de la Unión Europea; sin el consenso de los grupos parlamentarios que no consiguieron que se aprobara, ni siquiera, una de las 300 enmiendas presentadas; y sin escuchar a otros grupos de interés, ni a otros reguladores.

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“La nueva Ley de Auditoría genera inseguridad jurídica”

«La normativa, que entra en vigor mañana, “no cumple con los objetivos y las expectativas previstos”.

La inminente nueva Ley de Auditoría –resultado de la transposición en España de la Directiva y el Reglamento europeo– levantó ampollas durante su tramitación parlamentaría y verá la luz mañana sin contar con el apoyo del sector. Para el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso, la Ley es un auténtico “sudoku”, tan difícil de entender, interpretar y aplicar que genera inseguridad jurídica.

“Durante el proceso de tramitación de la Ley de auditoría, el sector se ha sentido poco escuchado por el Gobierno y por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). La Ley finalmente aprobada no cumple con los objetivos y expectativas previstos”, apunta.

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«Auditor, una profesión de futuro»

«La auditoría es sin duda una oportunidad profesional para los más jóvenes».

Ahora que tan de moda se han puesto las publicaciones sobre las carreras con más futuro y las profesiones que pueden desaparecer en una década como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información, numerosos sectores están analizando con más atención su futuro. En este sentido, resulta muy interesante el informe recientemente publicado por un diario económico que revelaba que las firmas auditoras generaron más de 2.500 nuevos puestos de trabajo en 2015, lo que supuso un aumento del 7,5 por ciento en la plantilla del sector. Si se analizan con detalle esos datos, se observa que apenas 7 de las 40 primeras firmas auditoras de nuestro país cedió –muy simbólicamente- empleo el ejercicio pasado, lo cual representa una clara excepcionalidad. Y si se echa la vista atrás, también se constata que el sector ha sido líder en creación de empleo en España desde la llegada de la crisis en 2008, creando de media 1.700 empleos al año.

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